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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió al Banco Popular en octubre de 2017, cuando ya estaba en manos del Banco Santander, que explicara el desfase patrimonial de más de 10.000 millones de euros entre el cierre de 2016 y la primera mitad de 2017.

Tres meses después de la liquidación del Popular del 7 de junio de 2017, la CNMV puso en duda las cuentas de la entidad de 2016, elaboradas por el consejo de administración presidido por Ángel Ron con estimaciones que podrían "no ser razonables".

La CNMV recibió el 29 de septiembre de 2017 el informe financiero semestral de los seis primeros meses de ese año, sobre los que el Popular explicaba que tras la resolución, en junio, había sido necesario aplicar "de forma extraordinaria criterios significativos" en la formulación de dichas cuentas.

En octubre de 2018, el organismo informó de la apertura de un expediente por una infracción "muy grave" a la entidad, por "prácticas irregulares" que afectaban a las cuentas de 2016 e incluía, entre otros, a Ron y los ex consejeros delegados Pedro Larena, Roberto Higuera y Francisco Gómez.

La CNMV detectó diferencias muy llamativas entre los datos de 2016 y los del primer semestre de 2017; constató que, tras los ajustes, los estados financieros individuales intermedios del primer semestre de 2017 reflejaban unas pérdidas de 12.218 millones, y un patrimonio neto de sólo 122 millones.

En 2016, periodo cuyas cuentas ya habían sido objeto de una reexpresión con un impacto de -550 millones, el patrimonio neto individual alcanzaba los 10.122 millones de euros, 10.000 millones de euros más que seis meses después.

Tras recibir el informe financiero, según el sumario al que ha accedido Efe, el supervisor requirió a la entidad que aclarase ésta y otras llamativas magnitudes, que habían sufrido minusvalías tras los ajustes producto de los nuevos criterios aplicados tras la liquidación.

En concreto, la inversión crediticia, 3.146 millones; los activos para la venta, 1.145 millones; las inversiones en empresas del Grupo, 3.488 millones; otras provisiones, 872 millones; los activos fiscales diferidos, 982 millones; el fondo de comercio y otros intangibles, 1.137 millones, y la cartera de inversión a vencimiento y otros, 411 millones. En total, 11.181 millones de euros.

El supervisor destacaba también que el Popular destinó 2.599 millones a provisiones para la cartera de préstamos con cargo a resultados, frente a los 582 millones de un año antes, por lo que preguntaba si tenía algo que ver la venta de buena parte del ladrillo a Blackstone.

También señalaba que las inversiones inmobiliarias se redujeron en el primer semestre de 2017 hasta 91 millones desde los 527 de 2016, e instaban a detallar el valor razonable de las tasaciones de ambos periodos, y a explicar por qué el precio de la transacción era "significativamente" diferente al valor razonable menos los costes de venta.

La diferencia entre ambas, aclara la CNMV, "podría poner de manifiesto" que las valoraciones no reflejaban adecuadamente el valor razonable menos los costes de venta, o su valor recuperable en el caso de las inversiones inmobiliarias.

También pedía que se aclarase por qué la financiación promotora e inmobiliaria dudosa pasó de 8.903 millones en 2016 a 11.406 millones en el primer semestre de 2017, y detalles del impacto en resultados.

En suma, la CNMV recuerda que la Junta Única de Resolución (JUR) liquidó el Popular al considerar que no podría hacer frente al pago de sus deudas, un hecho que "podría poner de manifiesto" que las estimaciones de Ron y su equipo al formular las cuentas de 2016 no eran razonables.

En respuesta a las cuestiones planteadas por el supervisor, el Santander alegó que tuvieron en cuenta la norma establecida para formular los estados financieros, contando con informes de expertos independientes y realizando ajustes de manera prospectiva; todo ello, con el informe favorable de la comisión de auditoría y sin salvedades del auditor, PwC.